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Teniendo al Mundial 2026 a la vuelta de la esquina es inevitable el escrutinio internacional que implica compartir el escenario con Estados Unidos y Canadá, debido a las diversas tensiones políticas y sociales dentro y fuera del territorio nacional, las cuales se han intensificado abismalmente en los últimos meses.
Fundamentalmente, ha vuelto a la mesa una vieja discusión que parece perseguir a nuestro país desde hace años: la aparente incapacidad del Estado Mexicano para combatir al crimen organizado y preservar la seguridad pública.
México, entonces, se encuentra entre la espada y la piedra.
Entre aceptar el "benevolente" intervencionismo estadounidense bajo el argumento de una alianza estratégica para debilitar y erradicar el narcotráfico, o continuar con la actual estrategia nacional, cuya efectividad sea puesto en duda en más de una ocasión tanto por la prensa como la población en general. En palabras más simples, la discusión ahora gira entorno a quien estamos dispuestos a conceder nuestra legitimidad para ejercer el poder dentro del territorio nacional.
Porque toda soberanía se resume básicamente a ésto: ¿Quién posee el monopolio de la fuerza y bajo que argumento puede ejercerla?
Por un lado, existe un creciente sector de la población nacional (nada pequeño) que se encuentra profundamente descontento con el gobierno federal, ante una política de "abrazos no balazos" que, en vez de pacificar al país en la lucha contra el narco, sea convertido en un símbolo de debilidad e incapacidad institucional para ponerle un alto al crimen, cuya tolerancia a determinados grupos criminales permite su expansión dentro del sector económico, político y territorial del país, según diversas fuentes.
Para el ciudadano promedio, analizar estadísticas o discursos sofisticados le es innecesario cuando vive bajo el miedo de ser desplazado por la violencia, ver a comerciantes obligados a pagar derecho de piso; presenciar desapariciones forzadas, secuestros y asesinatos bajo el yugo de las fuerzas criminales que azota a nuestra comunidad. Es la normalización de la impunidad lo que permite que, el solo hecho de alzar la voz, sea motivo suficiente para ser silenciado.
En ese contexto, la idea de una intervención extranjera, el uso total de las fuerzas armadas y la implementación de medidas muchos más agresivas contra el narco sea visto como un mal necesario, un grito de desesperación, una demanda social sencilla en apariencia: recuperar el control del territorio y garantizar que la ley vuelva a tener autoridad.
Sin embargo, el otro lado Estados Unidos no observa la crisis mexicana en materia de seguridad como una preocupación humanitaria, sino como un peligro a sus intereses estratégicos, económicos y geopolíticos. El narcotráfico es la piedra en el camino de los Estados Unidos para rectificar su estabilidad interna y externa ante el mundo.
México al ser un socio clave para Washington en el continente, resulta importante entender que cuando se habla de una "guerra total" contra el narcotráfico también es un conflicto de intereses. Por ello, la propuesta genera inquietud incluso para los críticos del gobierno morenista, porque el problema no radica en permitir la cooperación bilateral o el intercambio de inteligencia; se trata que dicha alianza no se convierta en una relación de subordinación política y militar.
Aceptar abiertamente operaciones militares estadounidenses en territorio nacional implicaría una herida difícil de ignorar para un país cuya identidad nacional fue construida a partir de la defensa de su soberanía frente a las intervenciones extranjeras. La memoria histórico de México conserva una herida punzante hacia cualquier presencia militar estadounidense en el país, independientemente de las circunstancias que lo justifiquen.
Esa desconfianza nace de una pregunta incómoda: ¿Hasta qué punto la seguridad del país seguiría siendo definida por los mexicanos sin ceder nuestra soberanía ante los intereses de Washington D. C.?
¿Por que, que garantía existe que Estados Unidos, no priorice su estabilidad económica y fronteriza que garantizar el bienestar de la población mexicana?
Ahí aparece verdaderamente el dilema de la espada o la piedra.
Entre ceder nuestra soberanía al crimen organizado o ceder nuestra capacidad de decisión al poder extranjero.
Entre defender un Estado aparentemente debilitado e incapaz de ejercer plenamente su autoridad o darle las llaves a una potencia extranjera dispuesta a intervenir bajo sus propios términos.
Entre tolerar que ciertas regiones del país sean gobernadas por el terror o aceptar que actores externos participen directamente en los asuntos internos bajo la promesa de restaurar el orden.
Ambas opciones parecen implicar una forma distinta de renuncia nacional. Porque la soberanía se erosiona cuando el pueblo pierde su capacidad de tomar sus propias decisiones, antes que una bandera extranjera pise suelo nacional.
México se enfrenta a una elección contrareloj. Una disputa por definir quien posee la legitimidad para ejercer la fuerza, quien puede garantizar el orden y quién representa realmente la continuidad del Estado mexicano. Es la espada o la piedra.

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